EL PUERTO Y EL AEROPUERTO EN EL MITO DEL PROGRESO MANABITA. (Tercera parte)
Joselías Sánchez Ramos / @joselias1 / 2020-08-30
Hola, amigos. A principios de mes iniciamos una conversación sobre el puerto y sobre el aeropuerto, dos recursos imprescindibles para la inserción de Manabí en la geopolítica-económica del mundo post pandémico.

CONTEXTO
Un Informe de Contraloría General del Estado, de fecha 12 de junio 2020, establece Indicios de Responsabilidad Penal (IRP-DPM-0011-2020), hallados en los procesos precontractual y contractual de la delegación del Puerto de Manta a la empresa Agunsa. El convenio de delegación fue suscrito en diciembre de 2016.
La publicación del análisis periodístico: “Puerto de Manta con responsabilidad penal“, suscrito por el periodista Fernando Villavicencio difundido por el virtual “Periodismo de investigación“ con fecha 13 de agosto 2020.
El comentario que con fecha 14 de agosto 2020, Guido Emmanuel Quijije publica en Facebook con el título “El atraco al puerto de Manta“ referidas a la publicación de Periodismo de Investigación y declaraciones de la Sra. Lucia Fernánchez, Presidenta de la CCIM.
Y, el silencio sobre la administración del aeropuerto Eloy Alfaro de Manabí, dieron lugar a esta serie de artículos en Diario El Mercurio, en el último de los cuales hablamos de un reseña de la memoria histórica del puerto.
El 21 de agosto 2020, el Presidente de la República recorre el terminal del aeropuerto Eloy Alfaro de Manabí y declara que será administrado por la KAC de Corea, declaraciones que son cuestionadas por la CCIM porque, en su opinión, no han sido informados.
LA CONCESIÓN
El 16 de diciembre de 2016, el gobierno y la compañía chilena Agencias Universales S.A. (AGUNSA) firman un contrato de delegación por 40 años, con una inversión de $ 177´353.347.
Para asumir la delegación, Agunsa crea la empresa nacional “Terminal Portuario de Manta S.A.“ (TPM) que desde el 1 de maro ded 2017 inicia la administración del puerto de Manta.
CONTRALORIA.
42 meses después, el 12 de junio de 2020, un Informe de Contraloría General del Estado establece Indicios de Responsabilidad Penal (IRP-DPM-0011-2020) en los procesos precontractual y contractual de la delegación del puerto de Manta.
ACCIONES.
La reseña del Informe de Contraloría y la denuncia de Fernando Villavicencio en “Periodismo de Investigación“ generó reacciones de todo tipo. En Manta, la CCIM pidió que se termine el Convenio de delegación mientras el gobierno, tras plantear una renegociación de valores a favor del Estado, afirma que no habrá terminación del convenio.
TPM/AGUNSA que al inicio de esta controversia sostenía que no tenía por qué renegociar ahora se sienta en la mesa técnica organizada por la APM que es lo mismo que decir MTOP, ministerio que negoció y firmó la concesión en 2016.

GAD DE MANTA.
Alcalde y concejales, administrador de la ciudad y fiscales del desarrollo de Manta, permanecen en silencio. La ciudadanía recuerda que en el 2009 el Municipio permaneció indiferente cuando el gobierno planteó la salida de la Hutchinson/TIDE y el fin del proyecto Puerto de Transferencia Internacional de Manta.
UNIVERSIDAD.
La Univesidad, la ULEAM, institución del conocimiento científico, tecnológico, económico y del derecho, tampoco opina ni sugiere sobre esta controversia que implica un recurso importante para el desarrollo regional.
PROFESIONALES.
Aunque han desaparecido los colegios profesionales, existen asociaciones y grupos de profesionales organizados quienes también se muestran indiferentes ante una controversia en la que debería participar la ciudad y no solo el MTOP que tiene tanto interés en Agunsa/TPM que logró del Ministerio de Finanzas la asignación de 100 millones de dólares para una nueva ruta de ingreso al puerto sobre vías en uso y que ahora llama Colisa – Manta.
El contrato de esta vía terminó hace más de un año pero la obra está inconclusa. El actual GAD de Manta construye la primera etapa de esta vía, etapa cuestionada por la administración municipal anterior.
RENEGOCIACIÓN.
Dos ciudadanos mantenses, Raúl González Melgar y Carlos Ochoa Camacho, solicitan la intervención del GAD municipal de Manta y de su alcalde ante el Gobierno Nacional para que, de los ingresos que al Estado le generan las concesiones del puerto (en renegociación con Agunsa/TPM), se entregue un porcentaje para el desarrollo de la ciudad.
AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA.
La autonomía administrativa de Manabí no existe. La descentralización de sus GAD es una fantasía. Con el cuento de las competencias, los alcalde se vuelven timoratos. Entonces, la burocracia gubernamental hace de las suyas.
Para que Manabí recupere alguna presencia en la dirección de sus recursos e instituciones se requieren urgentes y sustanciales reformas legales e incluso constitucionales. Ojalá lo entiendan los nuevos candidatos a la Asamblea Nacional.
DEROGAR DECRETO.
Igual. Para que Manabí recupere su derecho sobre el Puerto de Manta hay que derogar el Decreto Ejecutivo No. 287, que eliminó los Directorios de las Autoridades Portuarias y entregó los puertos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y, en la reestructuración de dichos directorios se debe incluir al alcalde de las ciudades – puerto.
Observen que, en la renegociación planteada a Agunsa/TPM sólo participa el MTOP que fue la entidad que negoció y firmó el convenio de delegación con Agunsa en diciembre 2016. Piénselo. Derogar el Decreto Ejecutivo No. 287 es imperativo. (Joselías, 2020-08-30)

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